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Alzira dificultó el derecho de las empleadas públicas víctimas de violencia de género a ser trasladadas | Tribuna Feminista
El Defensor del Pueblo ha recordado a los Ayuntamientos de Alzira y Calpe (Alicante) la obligación de hacer efectivo el derecho a traslado de las empleadas públicas víctimas de violencia de género procedentes de otras Administraciones públicas. Esta recomendación, recogida en el informe anual 2018 publicado este martes, surge tras la queja presentada por una mujer víctima de violencia de género que cursó en el Ayuntamiento de Calpe la solicitud de traslado y requirió al Ayuntamiento de Alzira para que informase de la disponibilidad de vacante de análogas características al puesto que venía ocupando la interesada en el consistorio alicantino. Sin embargo, el Ayuntamiento de Alzira omitió pronunciarse sobre la existencia de vacante y, en interpretación del artículo 113 de la Ley 19/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación, y Gestión de la Función Pública Valenciana, determinó que no procedía atender la solicitud. El consistorio fundamentó su decisión en que el ámbito de