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Agenda para un Puerto Rico Seguro
Por Dora Nevares-Muñiz, J.D.; Ph.D. Catedrática Facultad de Derecho En el año 1996 escribí, en la primera edición de mi libro El Crimen en Puerto Rico: Tapando el Cielo con la Mano, que los criminales de la próxima generación tenían de un mes a cinco años; de manera que estábamos a tiempo para evitar que se convirtieran en criminales adultos. Esa generación que creció durante la década del noventa hoy son los jóvenes que diariamente son acusados por asesinatos y delitos graves de violencia. Son los hijos de la política pública de “mano dura” caracterizada por la imposición de penas altas de reclusión y el discurso público hacia la “mano dura”, pero calladamente se liberaba a los sentenciados antes de cumplir la pena impuesta, porque la ley así lo permitía. Estos entraban rápidamente al sistema de justicia criminal por comisión de nuevos delitos (reincidencia sobre 60%). A esta política carcelaria se le llamó: “la burla de la mano dura”. En esa década, múltiples funcionarios de alto nivel son procesados y convictos por delitos de corrupción. A largo plazo, el discurso es vacío y carece de seriedad. La prevención fue la gran ausente de la política pública durante la década del noventa cuando se forjaron los jóvenes de hoy. La intolerancia de parte de las instituciones gubernamentales hacia la juventud, la deserción escolar consistentemente alta durante toda la década y la fácil accesibilidad a las drogas prohibidas y armas de fuego acompañaron al niño y al joven en su crecimiento. En 1996, el 22% (57,652) de los jóvenes entre 16 y 19 años (258,089) habían abandonado la escuela y los números son más o menos similares para los años siguientes. Desde la década del noventa, los asesinatos son la primera causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 29 años. Además, un gran número de estos niños y jóvenes son procedentes de comunidades disfuncionales y de familias con múltiples problemas sociales, muchas viviendo bajo los niveles de pobreza. Así lo demuestran los datos demográficos de jóvenes arrestados por delitos graves, de esa generación que se formó durante la década del noventa bajo la política pública de la mano dura. Puerto Rico en el 2010, vive una encrucijada histórica en que han incrementado sustancialmente los asesinatos de niños y personas “inocentes” como consecuencia del narcotráfico, las masacres en que asesinan más de dos personas en un mismo evento han aumentado en frecuencia y magnitud, miles de empleados públicos y empleados del sector privado han sido desplazados de sus trabajos, el gobierno está a punto de la bancarrota, la economía está en recesión severa y hemos sufrido significativo daño ambiental y a la salud pública como consecuencia de la explosión de varios tanques de distintos tipos de combustible en la Zona Metropolitana. Todas estas condiciones contribuirán a afectar las estructuras de socialización normativa que tienen la función de formar a los niños y jóvenes cumplidores de la ley y con responsabilidad ciudadana - familia, escuela, comunidad y gobierno - y a incrementar la pobreza en el país. La pobreza, así como las presiones económicas de los padres, son factores de riesgo al crimen. La pobreza le hace más difícil a los niños el acceso a unas opciones de salud, educación y socialización que son necesarias en las etapas de formación de los niños y adolescentes. Múltiples estudios han confirmado una relación positiva entre pobreza y nacimientos prematuros, mortalidad en los niños, mala nutrición, mala salud, negligencia hacia los menores, embarazos de adolescentes, deserción escolar, participación en uso y venta de drogas, y criminalidad. En el Puerto Rico de los próximos años: ¿Cuántas personas perderán sus viviendas por no tener con qué pagar una renta o una hipoteca, ya sea por falta de empleo o ante el aumento en el costo de vida? ¿Cuántas personas, niños y viejos, se verán privados de un cuidado de salud adecuado y de una nutrición adecuada? ¿Cuántas personas desplazadas no encontrarán empleo y se convertirán en dependientes gubernamentales viviendo bajo el nivel de pobreza o en deambulantes? ¿Cómo va a atender el sistema de salud los múltiples problemas de salud mental y física que se incrementarán como consecuencia de los múltiples problemas sociales y de la contaminación ambiental? Las preguntas son ilimitadas y las contestaciones no son alentadoras. De otra parte, el narcotráfico y las actividades en torno al punto de venta de drogas prohibidas presentan una opción de ingreso, aunque de alto riesgo, para los jóvenes y adultos. Además, funciona como un negocio, que aunque ilícito, proyecta mucha eficiencia y mueve millones de dólares anualmente. ¿Cuántos de los miles de empleados desplazados del sector público o privado, y las miles de personas que dependen de ellos, en ausencia de un empleo y agobiados por la crisis social, se incorporarán a las actividades del narcotráfico para lograr el sustento para sus necesidades económicas básicas? ¿Cuál será el efecto de las condiciones de precariedad social y económica que vive el país sobre las próximas generaciones? El panorama social no es alentador y la violencia cotidiana ha pasado a formar parte de nuestro diario vivir desde hace más de una década. Mientras no se confronten las causas de nuestra profunda crisis social, de la violencia cotidiana y de la insatisfacción e intolerancia del pueblo, la falta de empleo, lo inadecuado de los servicios de salud, el deterioro del sistema educativo y la pobreza en ciertos sectores de la población, el Estado y su política pública continuará “tapando el cielo con la mano”. Hay que conocer la historia para cambiar el futuro. Esa historia nos revela que con el decurso del tiempo se ha hecho evidente la incapacidad de nuestro modelo social y de desarrollo económico para atender las raíces de la violencia y de la criminalidad. Al mismo tiempo, no ha surgido una fuerza política capaz de traer esos asuntos a la agenda de política pública del gobierno, ni de los partidos políticos. Se hace necesario una política pública seria que confronte las causas de nuestra crisis social, de la pobreza, de la necesidad de hacer una mayor inversión en el recurso humano en nuestras escuelas, en el sistema de salud, en los salarios y en los empleos, en el costo de los servicios públicos, y en la honestidad del discurso político y de la función pública. En 2008, publiqué un tercera edición ampliada de El Crimen en Puerto Rico donde presento una radiografía de la violencia y la criminalidad durante los pasados 50 años, junto con recomendaciones de acción ciudadana y política pública para atender la criminalidad cotidiana. A continuación, varios puntos que podrían ser parte de la agenda de política pública en prevención del crimen a nivel nacional, para convertir a Puerto Rico en un lugar seguro y habitable. Son ellos: Propiciar la seguridad de nuestros niños y jóvenes mientras crecen y se equipan de las destrezas y cualidades para ejercer una adultez responsable. Reformar el sistema de educación pública desde la educación preescolar hasta la vocacional o universitaria. Crear espacios de oportunidades o lugares seguros donde los niños y jóvenes acudan al salir de la escuela. Revitalizar las comunidades en riesgo al crimen, marginadas o disfuncionales e invertir en ellas y en su gente. Desarrollar una política de empleo para todos los que cualifiquen y el gobierno propiciar que los empleos estén disponibles. Llevar a cabo reformas complementarias que tengan el impacto de crear un sistema de administración de la justicia penal y correccional proactivo en prevención y rehabilitación que no afecte la dignidad del ser humano ni discrimine contra los pobres. Comunicar y replicar lo que estudios empíricos han demostrado que funciona en prevención, rehabilitación y control del crimen. Desarrollar una política pública para atender el sector de los viejos. Atender al drogodependiente como un enfermo que necesita atención médica y no como un criminal. Fomentar la tolerancia y respetar la diversidad. Diseñar una agenda política seria, honesta y de futuro. Todos debemos hacer lo que nos corresponda para lograr el Puerto Rico seguro y con calidad de vida que todos queremos. Todos queremos disfrutar de nuestro bello país sin temor a ser asesinados sin esperarlo ni provocarlo; proveer para nuestros hijos y dependientes mayores un cuidado de salud y alimentación adecuada, aspirar a una educación y a un empleo adecuados. Una agenda pública y ciudadana capaz de afrontar con seriedad, honestidad y visión de futuro nuestra crisis social y económica junto a los factores que engendran violencia, corrupción y criminalidad, es una opción viable para hacer de Puerto Rico un lugar seguro y habitable.