crimen contra la humanidad

Caso Ayotzinapa: Masacre en Iguala

Por: Rafael Martínez de la Borbolla

#AyotzinapaSomosTodos

 La hipótesis principal que manejan los investigadores es que la policía de Iguala en el Estado de Guerrero, detuvo la noche del 26 de septiembre a la comitiva de 43 estudiantes que se habían apoderado de un camión interurbano con el propósito de asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, los normalistas se resistieron al arresto y se utilizó la fuerza para detenerlos dando como resultado dos jóvenes muertos y a un tercero que continuo ofreciendo resistencia, lo desollaron y le sacaron los ojos. Una vez detenidos, los trasladó a la comisaría, donde fueron entregados a los sicarios del crimen organizado para su ejecución. Al parecer los criminales tomaron esta decisión porque los alumnos, habituales protagonistas de protestas contra el sistema en general, hubieran venido a su territorio para hacer desorden. De la comisaría los jóvenes fueron llevados a un monte a las afueras de Iguala, donde emulando a las terroríficas SS Nazis, fueron ejecutados y enterrados tras ser calcinados, existen indicios que algunos estaban todavía vivos cuando fueron quemados. Hay diferencia entre el numero de cuerpos encontrados y los estudiantes desaparecidos. Es un asunto confuso. Tomemos aliento, es difícil comprender hechos tan monstruosos como los acometidos.

 No hay lógica, los paramilitares que atacan a disidentes o activistas, generalmente lo hacen para defender territorios exclusivos para su explotación y usufructo o eliminar enemigos. Un grupo del crimen organizado que ordena matar a cuarenta estudiantes porque secuestran autobuses o muestran de manera ruidosa su desacuerdo ante  programas educativos no tiene sentido. Mientras no se defina una motivación, se dificulta la investigación ¿A poco tan dañados estarán que pensaban no pasaría nada? ¿Qué podían asesinar a 40 personas y no habría repercusiones?

 La desaparición forzada de los alumnos de Ayotzinapa fue obra conjunta de la policía municipal y del cártel Guerreros Unidos. No hay diferencia entre unos y otros. Fueron policías los que dispararon contra los estudiantes y los arrestaron. Fue el director de seguridad pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien ordenó entregarlos a los sicarios. Los jóvenes fueron sacados en vehículos oficiales. La omisión también es culpa y las autoridades estatales permitieron que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el director de seguridad pública huyeran.

 El estado de Guerrero se encuentra en descomposición total, ni siquiera alcanza la definición de estado fallido, y su administración cínicamente se ufana de que detuvo a los policías municipales que participaron en la agresión, sin que dé cuenta de los vínculos, que parecen mostrarse, de estos con el llamado crimen organizado. El presidente municipal de Iguala está prófugo y con oscura trayectoria política que fue cobijada por las siglas del PRD, igual que al gobernador quien por su ineptitud carece de cualquier autoridad, lo cierto es que es el Estado quien debe responder por estos crímenes. Estaría bueno saber que opina López Obrador el autoproclamado dedo inquisidor de la “Mafia en el Poder”, de estos que fueran su correligionarios. ¿Los defenderá como a Rene Bejarano?. La realidad es que estos hechos cimbran a la ya dividida y debilitada izquierda mexicana.

 Ángel Aguirre quien obvia su falta de autoridad moral, dignidad, sensibilidad, manejo político y capacidad, gobierna un Estado sin control y en total anarquía, anunció que los 81 alcaldes de la región y sus respectivas policías serán investigados a fondo y las conclusiones serán enviadas a Gobernación y a la PGR “Sabemos de la infiltración de la delincuencia en varios municipios […] Desde ahora estamos exigiendo que, con el apoyo del Gobierno federal, en aquellos casos que podamos acreditar que hay policías como en Iguala podamos actuar pronto y de manera resuelta”, dijo el gobernador. Muchas voces piden la dimisión de  Aguirre, en un momento de arrebato amagó con hacerlo, pero no lo concretó: “Si eso resolviese la situación, no tengo ningún inconveniente en irme”. Para todos aquellos que aseveran que el regreso del PRI a los Pinos es un retroceso al pasado por su estilo autoritario de gobernar, esta es una muestra de su errónea argumentación y constata los nuevos tiempos que existen: El Gobernador sigue en su cargo. El PRI anterior a la alternancia lo hubiera separado del cargo de facto.

 El Gobernador ve en quienes exigen su renuncia “obviamente la mano ahí, perversa, para tratar de sembrar más la confusión en estos momentos difíciles que atraviese nuestro estado, en particular la zona de Tierra Caliente e Iguala”.

Esta atroz matanza ha dejado al descubierto las omisiones de los Gobiernos locales en sus tareas de seguridad. Las autoridades han señalado que al menos 30 policías colaboraban con el crimen organizado en la región, a pesar de que la depuración de las policías fue una obsesión en el sexenio de Calderón. En muchos sitios, como Guerrero, la limpieza de los cuerpos a través de exámenes de control de confianza fue un fracaso. Con esto se demuestra que simplemente estos exámenes, que además le han costado una fortuna al erario, no funcionan. Cualquier persona con un poco de lucidez se da cuenta que la estrategia para reclutar, seleccionar y formar policías debe modificarse.

Ante estos hechos el Presidente Enrique Peña Nieto calificó de “indignantes, dolorosos e inaceptables” lo ocurrido en Iguala, Guerrero; lamentó la violencia contra estudiantes, y ofreció que su gobierno buscará localizar a los responsables para aplicar la ley e impedir que persista “el más mínimo resquicio de impunidad”. Tras la alocución, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, anunció que la Gendarmería Nacional, apoyada por el Ejército, asumió las tareas de seguridad pública en ese municipio. Por su parte, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que la dependencia a su cargo ha asumido la investigación judicial de la masacre.

 

“Imagínate esto: qué país es aquel en el cual unos estudiantes normalistas muy pobres, pertenecientes a una de las regiones más pobres y marginadas de México, son capturados, conducidos quién sabe adónde y luego asesinados y enterrados por la policía. Es grotesco y horripilante”, comento el escritor y filósofo Hugo Hiriart.

 

En Guerrero impunidad es sinónimo de cotidianidad. Las víctimas de las matanzas de Aguas Blancas (1995) y El Charco (1995) siguen esperando justicia. En diciembre de 2011 diversas policías asesinaron a dos estudiantes de Ayotzinapa. Los homicidas están libres. Muchas regiones de la entidad están llenas de cementerios clandestinos que albergan las osamentas de difuntos sin nombre.

 

Mientras tanto la ONU en México subrayó que está “profundamente conmovida por lo ocurrido y se une respetuosamente a la zozobra de las familias, el dolor de los deudos” y acotó que hace “un llamado respetuoso al Estado mexicano para que en su conjunto y de manera coordinada tome y refuerce todas las medidas a su alcance para hacer una búsqueda efectiva y diligente que permita la localización inmediata de las personas desaparecidas”. De igual forma, urgió a las autoridades a “investigar con pleno respeto al debido proceso las conductas perpetradas y sancionar a todos los autores de lo sucedido y del deterioro manifiesto del estado de derecho”.

Enrique Peña Nieto llevó con éxito sus Reformas Estructurales, ahora de manera indignante y estrepitosa surge esta espeluznante masacre, convirtiéndose en vergüenza nacional y escándalo internacional, y quien para Human Rights Watch respondió muy tarde ante la desaparición de los Normalistas, instruyó a su gabinete de seguridad acelerar la investigación para dar con los responsables de la “barbarie” en Iguala. Su gobierno enfrenta el reto de hacer justicia, hacer valer los derechos humanos y garantías individuales para que prevalezca el estado de derecho, de manera unánime la ciudadanía exige castigo para los culpables,  no hay espacio para la simulación, el Estado siempre consiente del animo popular, sabe que su juicio histórico se escribirá en gran parte de su firme y decidido actuar ante estos obscuros hechos haciéndose imperativo que se realicen los deslindes correspondientes y se esclarezca la responsabilidad que recae en todos los niveles de gobierno.

 

Twitter:    @rafaborbolla