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Palabras del Dip. Antonio Astiazarán en el que se exhorta a dependencias competentes a revisar las obras realizadas en el rancho Pozo Nuevo, en Sonora

Palabras del Dip. Antonio Astiazarán Gutiérrez, al presentar Punto de Acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta a la Conagua, a la Semarnat y demás dependencias competentes a revisar las obras realizadas en el rancho Pozo Nuevo, en Sonora, propiedad de Guillermo Padrés Elías y su familia, en la Sesión Ordinaria del martes 23 de septiembre de 2014.

Compañeras y compañeros diputados:

El pasado 4 de septiembre se dio a conocer a través del programa Punto de Partida de Denise Maerker, una serie de inversiones millonarias, realizadas en el rancho Pozo Nuevo, ubicado en el Estado de Sonora, propiedad del gobernador de esta entidad –Guillermo Padrés Elías– y de su familia.

En dicha investigación ampliamente documentada por Fátima Monterreosa y Marco Tinoco, se da cuenta de una serie de obras realizadas en los últimos años, que distan mucho de tener una justificación legal y económica.

Por ejemplo, se narra la construcción de una presa, a la que por cierto Guillermo Padrés llamó represo, con una capacidad de 4 millones de metros cúbicos de agua, y que tiene una cortina de 120 metros de largo por 80 de altura.

Pero no sólo eso, también se da cuenta de la construcción de un acueducto, con una superficie aproximada de 7 kilómetros, para trasladar el agua desde ese punto hasta un reservorio que asegura el riego tecnificado de 300 hectáreas de nogal.

Así como ustedes escucharon, inversiones superiores a los 300 millones de pesos, sobre una propiedad que apenas en el 2009 le había sido señalada para embargo a la familia Padrés Elías, por el incumplimiento en el pago de unos invernaderos que habían sido construidos en años anteriores.

La concentración de toda esta agua en la presa provocó escases del vital líquido en las comunidades aledañas, y a juicio de los habitantes de la comunidad de Bacanuchi, ubicada en el municipio de Arizpe, esta sequía trajo como consecuencia pérdidas económicas sin precedentes, a los productores de la región.

En nuestro país, el agua es de la nación. Independientemente de su condición política, nadie tiene derecho de apropiarse los bienes de la nación, más en un Estado como el nuestro, en donde las limitaciones de agua nos han llevado a una decisión política y social, sin precedente.

Es verdad que el sector agropecuario tiene el derecho de utilizar las aguas superficiales para sus fines, pero ésta deberá hacerse mediante una concesión, que la Comisión Nacional del Agua otorga en base a un estudio que dé cuenta de la suficiencia del recurso.

Como consecuencia de las denuncias ciudadanas, la Conagua anunció el pasado 10 de septiembre, el inicio de una investigación sobre estas propiedades, a fin de determinar si cumplían con los requisitos de ley. Lejos de aceptar esta instrucción, el gobernador solicitó la expulsión de los delegados federales.

Era importante –en principio– que la Conagua se pronunciara respecto si había título de concesión de las aguas, si la presa, en este caso contaba con la concesión de la zona federal, y si la construcción de esta presa y la cortina contaba con las especificaciones de seguridad.

Y hablo –era importante en tiempo pasado– porque sorpresivamente la cortina de la presa fue reportada rota el pasado sábado 20. De acuerdo con la versión del gobernador, el crecimiento del afluente del río provocó la ruptura de la presa; sin embargo, versiones de vecinos del lugar hablan de explosivos, que se llevaron a cabo.

Esa era la presa antes y después, en donde las explosiones que registraron los compañeros de la comunidad de Bacanuchi, señalan que esta presa no fue rota por la naturaleza, sino derivada con el uso de explosivos.

Por eso, queremos que se haga una línea de investigación adicional, para ver si se utilizaron explosivos y si éstos contaban con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En consecuencia, es importante que además la Semarnat se pronuncie para conocer si las 300 hectáreas de nogal, si toda la superficie, que en su momento fue desmontada, contaba con los permisos ambientales requeridos, manifiesto de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal, permisos por parte de la Comisión Nacional del Agua para la utilización de los pozos para los riesgos tecnificados de más de 300 hectáreas.

En consecuencia presidente, solicito que se integre el texto completo del exhorto que fue suscrito por más de 150 legisladores de esta Soberanía, a fin de que las autoridades competentes se pronuncien sobre la legalidad de estas obras.

Escuchar audio de la intervención:

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